GRISELDA TESSIO
DIPUTADA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE






Informes Especiales

Jóvenes, violencia y Responsabilidad Penal

Hace falta un régimen penal especial para los menores que delinquen y políticas sociales para incluirlos

Violencia es, según la Organización Mundial de la Salud, “el uso intencional de la fuerza física o el poder, la amenaza o el hecho, contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o una comunidad, que puede producir o tiene una alta probabilidad de provocar una lesión, muerte, daño psicológico, afectar el desarrollo o generar privaciones”.

La experiencia histórica ha demostrado, a lo largo del siglo XX, que la violencia más inconcebible  es la que se ejerce desde el Estado. Lo hemos vivido en la Argentina. A pesar de esto, existe en nuestro país una larga y sostenida tradición de pensamiento que sigue proponiendo como solución a los problemas de violencia e inseguridad, la aplicación de “mano dura”, y cuando se trata de delitos cometidos por jóvenes o adolescentes, la disputa se abre en torno a una baja en la edad de imputabilidad. Ambas recetas terminan convirtiéndose en penalización de la pobreza.

Vale, en este sentido, el ejemplo reciente de las reformas implementadas a consecuencia de los reclamos de endurecimiento de penas encabezados por Juan Carlos Blumberg: se votaron aumentos de penas para la portación y tenencia ilegal de armas que pasaron a ser no excarcelables; aumentos de penas para delitos como homicidio, secuestro y violación; se pusieron límites a la excarcelación, y la sumatoria de penas por distintos delitos fue elevada a un máximo de 50 años. Los resultados son de una ineficacia absoluta: cárceles superpobladas (mayormente de presos sin condena) que no implicaron una disminución en la cantidad de delitos cometidos. Los datos estadísticos marcan que “la tasa de encarcelamiento se duplicó entre 1997 y 2007 y nuestro país pasó de 29.693 presos, con una tasa de 83,2 cada 100.000 habitantes en 1997 a 62.481 presos con una tasa de 169 cada 100.000 habitantes en el año 2006, situación que se refleja proporcionalmente en similar crecimiento de la tasa de encarcelamiento de nuestra provincia en igual período”. (Daniel Erbetta, Ponencia IX Congreso Nacional de Sociología Jurídica, Rosario, noviembre 2008).

Aún así, resultaría más fácil delegar toda la responsabilidad en la Justicia, pero sabemos que la propuesta de la mano dura, de bajar la edad de imputabilidad, que vuelve cíclicamente al primer plano del debate en la Argentina, constituye la propuesta más simplista y mentirosa a la legítima preocupación social por la seguridad.  

No se puede limitar al ámbito jurídico, una problemática que es compleja y que tiene resortes sociales, económicos, educativos. Se deben considerar cuestiones tan diversas como la pobreza, la inequidad y la exclusión; la crisis en las estructuras familiares; las situaciones de violencia en sus múltiples formas: intrafamiliar, social, etc.; el consumo de drogas; la crisis de las formas de vecinalismo tal como las concebíamos; la pérdida de los espacios de contención; cuestiones que desembocan en algo fundamental como es la imposibilidad de proyectar a futuro: cuando la respuesta a la pregunta acerca de cómo se imagina un adolescente mañana es “muerto”,  la posibilidad de demandarle deberes y solidaridades ciudadanos es “cero”.

Con relación a la pobreza, en nuestro país, los datos muestran que desde la década del 70, cada recuperación que le sigue a una crisis económica no llega a remontar la caída. El índice de Gini (que mide las diferencias entre los mas ricos y los mas pobres) no deja de aumentar y las posibilidades de acceso a los servicios básicos de ciudadanía (educación, salud, vivienda) es cada vez mas difícil para los sectores mas vulnerables de nuestra sociedad. Como sabemos, durante la década del 90 la Argentina marcó índices vergonzantes de desocupación, pobreza, marginalidad, sub ocupación, deserción escolar y aumento de la desigualdad. Como consecuencia, en Mayo del 2002 el 69% de los menores de 18 años eran pobres y el 60% de los niños entre 13 y 18 años que abandonaron la escuela pertenecían al 20 % más pobre de la sociedad.

Ahora bien, si el delito no se combate con mano dura y la pena tiene escasa eficacia a la hora de disuadir a los delincuentes de continuar delinquiendo ¿cuál es el camino? Consiste precisamente en dejar de actuar exclusivamente sobre la consecuencia del delito, sobre el hecho consumado, para optar por una solución de doble vía que hace eje en la prevención como cuestión fundamental, para evitar que se produzca el delito, y que por otro lado exige la reformulación del régimen de penalización que actúa sobre el hecho consumado.

En cuanto a la prevención, la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes sancionada en 2005, implicó un salto cualitativo al establecer la idea del niño como sujeto de derecho, que impone una mirada inaugural sobre la infancia dejando atrás el sistema tutelar. Esta ley establece un marco nacional pero cada provincia debe contar con una ley propia que permita adecuarla a la realidad y a las necesidades locales. En noviembre de 2008 la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción -por unanimidad- a la adhesión de la provincia a esta importante Ley nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Resta ahora que el Senado la convierta en ley para que nuestra provincia se adecue a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y a la Ley Nacional 26.061. La sanción de la norma constituye además el instrumento que permitirá avanzar hacia la efectiva transición del viejo sistema tutelar del patronato, hacia la creación de las nuevas instituciones que establece la ley de Protección Integral y que requiere la coordinación entre el Estado provincial, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil.

Con relación al régimen de penalización, hoy continúa vigente la ley 22.278 promulgada en la dictadura, y su necesaria reformulación es resorte exclusivo de la Nación. En este sentido, sostenemos la necesidad de establecer un régimen especial para los adolescentes entre 14 y 18 años que han cometido delito. Hay que tener una  ley adecuada para ellos: no se puede someter a la ley penal común y hacer lo mismo que haríamos con un adulto, hace falta un régimen penal juvenil. Hay que tener además instituciones especiales con personal capacitado, en el sentido establecido por la concepción de Protección Integral consagrada en la Convención de los Derechos del Niño; tratamientos especializados que permitan a los adolescentes apartarse de esos comportamientos: un sistema de responsabilidad penal especial que los contemple como sujetos de derecho.

Este cambio de concepción, constituye un cambio en el modo de abordar la intervención del Estado en esta problemática que es multicausal, y que por lo tanto requiere múltiples respuestas. En ese camino estamos trabajando tanto la necesaria reinserción social de los niños, niñas y adolescentes en conflicto, como el derecho a vivir en paz que tenemos todos como comunidad.


Griselda Tessio
Enero 2009

ANEXO

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