GRISELDA TESSIO
DIPUTADA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE






Informes Especiales

Solidaridad, federalismo y justa distribución de recursos

La extraordinaria crisis internacional a la que asistimos en el presente parece haber liquidado todo otro debate que se intente  instalar en la agenda. No es para menos, cuando esa nueva realidad que parecía lejana comienza a tener consecuencias en la economía real.

Sin embargo, es precisamente esta situación la que obliga a reinstalar en el primer plano del debate una cuestión siempre postergada: la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

Hace 14 años, en 1994, la Constitución Nacional reformada dispuso una cláusula transitoria que establecía que dos años después debía aprobarse una nueva ley de coparticipación. Este hecho nunca ocurrió. Así, la conformación del actual régimen de Coparticipación Federal de Impuestos proviene de la (Ver Doc.1 Ley 23.548), la cual ha sido objeto de sucesivas modificaciones que reflejan una permanente transferencia de recursos a la Nación en detrimento de las provincias -y de algunas más que otras según sea su grado de cercanía al poder central-. Resulta un hecho evidente, que la distribución de los recursos entre Nación y provincias en los últimos años muestra alteraciones permanentes e importantes, antes como resultado de reformas unilaterales, arbitrarias y coyunturales, que del consenso entre las partes.

Hoy, todo indica que el gobierno nacional tiene la plena voluntad de seguir incumpliendo la disposición constitucional de dictar una nueva ley de coparticipación, que revierta el proceso sostenido de disgregación nacional. Porque no está, como no lo estuvo nunca, dispuesto a abordar una reforma estructural a partir de la implementación de una reforma impositiva de claro sesgo progresivo, con preeminencia de impuestos coparticipables, que reviertan el paradigma vigente en la actualidad en el que prevalecen el impuesto al cheque y a las retenciones que no devuelven recursos a las provincias, y el IVA, el tributo más regresivo, más injusto que pueda tener un esquema  recaudatorio. (para ampliar puede verse el Doc. 2, Propuesta de la UCR ante el debate sobre la distribución de la riqueza).

Siendo esto así, hay por lo menos tres reclamos posibles que podrían poner un freno al constante y sostenido desguace que la nación viene produciendo sobre las provincias y consecuentemente también, sobre los municipios y comunas:

El primer reclamo, es poner fin al descuento del 15% de la masa coparticipable bruta, que en su origen estuvo destinada a subsidiar el déficit de la ANSES, provocado por la privatización del sistema previsional a manos de las AFJP, concebido por la dupla Menem-Cavallo: “De conformidad con la Cláusula 8 del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales (Pacto Fiscal I) del 12 de Agosto de 1992 (ratificado por Ley 24.130), las Provincias y la Nación se comprometen a financiar mancomunadamente el Régimen Nacional de Previsión Social, asegurando el descuento del 15% de la masa coparticipable bruta hasta nuevo acuerdo de partes o nueva Ley de Coparticipación” (más información sobre esto puede encontrarse en los Documentos 3, 4 y 5).

Este convenio, que debía tener vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993, viene siendo prorrogado año tras año aún cuando, como sucede en la actualidad, la ANSES acumula un superávit que invierte en bonos y, lo que es más grave, otorga préstamos a la Nación a un irrisorio 4% anual, que la Nación presta luego a las provincias a un 7%.

A esto se suma que, de ser finalmente aprobado el proyecto de reestatización del sistema de previsión social que ya tiene media sanción de Diputados, el gobierno nacional recibirá el flujo de fondos derivados del sistema de capitalización que aumentará aún más el superávit de la Caja.

El segundo reclamo refiere a que, de conformidad con la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, se restituya el 100% del impuesto al cheque: “Este impuesto fue creado por Ley 25.413 (24/03/01), y estaba destinado a regir hasta el 31/12/02 (Art. 7). No obstante, su vigencia ha sido prorrogada en reiteradas oportunidades por diversas leyes, siendo la última la Ley 26.340, cuyo Art. 2 la prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2008”. (Ver Doc. 6, Detalle Impuesto al cheque).

El tercer reclamo remite a la más burda muestra de manejo arbitrario y discrecional de fondos tanto por su destino como por sus montos: el  reparto de ATN que lleva adelante el Ministerio del Interior y que ha tenido como únicos destinatarios a comunas y municipios justicialistas (Ver Doc. 7, Detalle entrega ATN en la Provincia de Santa Fe).

En todos los casos citados, se argumentaron “razones de emergencia” para su implementación, condición que, desde hace varios años no existe, y si existe, es la que enfrentan los Estados provinciales y sus comunas.

Lo resultados de esta política de acumulación de fondos y reparto discrecional están a la vista: por un lado, el empobrecimiento de las provincias que hoy se ven en dificultades para afrontar responsabilidades esenciales de proveer a la salud, la educación y la seguridad de la población. Y por otro lado, el mecanismo de reparto de esos fondos que ha dado a luz un federalismo endeble, de provincias sin autonomía, que dependen del favor de la caja del gobierno nacional para funcionar.

Es por todo esto que, invocando al federalismo y a la justicia distributiva, le cabe a nuestra provincia el derecho de reclamar que se restituyan los porcentajes de coparticipación que le corresponden.

Griselda Tessio - Noviembre de 2008

 

ANEXO

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